Arqueología de la corrupción

La primera reacción ante la escena del video es la de voltear la cabeza, como para borrar lo que se acaba de ver: en medio de gritos, pancartas, globos y challas, un carabinero se acerca por la espalda a una joven, le pone el revólver cerca de la nuca, y aprieta el gatillo. Ella contará después que sintió que la cabeza le estallaba. La bala le destrozó el cráneo, dejando un hoyo de diez centímetros y otro menor, de tres. Desde entonces, sólo una tela de cuero cabelludo le protege el cerebro en esos espacios en que quedó sin hueso. En el recorrido por la masa encefálica, el proyectil le desbarató delicadas constelaciones de engarces y nexos neuronales. La joven sobrevivió de milagro, con el lado izquierdo de su cuerpo paralizado. El niño que dio a luz meses más tarde sobrevivió también, batallando las secuelas del trauma compartido con su madre en pleno embarazo.

De a poco, con tenacidad sobrehumana, María Paz Santibáñez logró lo imposible: su cerebro dañado creó nuevos canales para comunicarse con su cuerpo, y pudo tocar el piano otra vez. No lo recuperó todo, como dice ella misma en una carta: “era ambidextra, ya no lo soy, tocaba muy bien la guitarra y ya no lo logro; tampoco puedo correr o bajar rápidamente una escalera, pues hasta ese nivel no llega mi coordinación”. A las marcas físicas y sicológicas de la agresión, se le sumó el agravio de saber que el carabinero que le disparó en 1987 continuó en servicio activo, a pesar de haber sido hallado culpable del cuasidelito de lesiones graves. Como si fuera poco, Pachi todavía se enfrenta al Consejo de Defensa del Estado, en una disputa por el monto de los daños.

No es difícil entender por qué el agresor de Pachi Santibáñez usó su pistola en esa manifestación. No importaba el ambiente carnavalesco de la protesta: se trataba de una sarta de humanoides, gente desechable, carne de parrilla eléctrica, subversivos. La agresividad policial hacia ellos era el resultado de un entrenamiento diseñado para infundir terror. (En ese sentido –sin equipararlos en absoluto con las víctimas—cualquier policía al servicio de un estado represivo sufre también las consecuencias de la dictadura). Apretó el gatillo, apostando a que no tendría que responder por su acto, sabiendo que hasta podría ser recompensado por su dureza.

El caso de Pachi Santibáñez me hizo pensar que para entender de manera cabal la corrupción –y no limitarse al cahuineo político inmediato—tal vez sea necesario pensarla en relación a su nexo con la impunidad. Nuestra pasmada democracia ha estado más pendiente de preservar el contrato que se le impuso como condición de gobernabilidad que de enmendar injusticias o castigar abusos de derechos humanos. La Concertación, sugiero, se ha hecho vulnerable a la corrupción debido a su tolerancia con la impunidad disfrazada de “razones de estado”. Dentro del gobierno, unos pocos se contagiaron con la arrogancia calcada de los poderes fácticos y, al no usar un rasero común (ley pareja no es dura), el gobierno inevitablemente dio la señal de chipe libre a abusos de autoridad.

La impunidad en Chile tiene larga data: incluso cuenta con una Ley de Amnistía impuesta por sus propios beneficiarios. Si se va a hacer un verdadero memorial de la corrupción, éste debe incluir no sólo las recientes causas célebres, sino los grandes negociados hechos con bienes fiscales durante la dictadura, las privatizaciones sin escrutinio público, los llamados pinocheques, el tráfico de armas, el enriquecimiento de los jerarcas.

También se debe ampliar la reflexión hasta incluir un catastro de la grave corrupción moral producida en nuestro país por las violaciones a los derechos humanos. Esto no significa que se equiparen grotescamente los asesinatos, las desapariciones y las torturas con desfalcos y coimas; lanzar cadáveres al mar no es lo mismo que aceptar vales de bencina. Pero bien puede ser que la señal de tolerancia acerca de crímenes tan serios como los de la dictadura se interprete como permiso para actuar como si los poderes del estado no tuvieran que responderle nunca a nadie.

En cualquier democracia debería inculcarse, como principio intransable, que todo acto de un agente del estado o de un funcionario público estará sujeto a escrutinio. No se trata de un principio revolucionario ni descabellado; es puro sentido común, ética elemental. Hay que reconocer que en Chile la regla ha sido lo opuesto, y que mientras más marginal la víctima y más poderoso el transgresor, mayor impunidad. A la larga, esta corrupción insidiosa e hipócrita nos daña de mil formas, y ya va siendo hora de cambiar. Pachi Santibáñez nos ha demostrado, entre otras cosas, que nada es imposible.

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