Canibalismo cívico

Me han advertido que al escribir de este tema me meto en las patas de un tremendo caballo, pero no importa. Si me mata el jumento del conformismo, declaro que no tengo intención de donar mis órganos y que defiendo la resistencia de muchos chilenos ante la presión para declararse donantes.

Para que no me declaren muerto cerebral por sacrílego o antipatriota y que luego me faenen en pedacitos, aclaro que me sobrecoge la angustia de la familia de cualquier paciente –sobre todo si es un niño—que espera en vano la aparición de un órgano salvador. No me imagino sufrimiento mayor.

Pero esta compasión no me impide opinar que cualquier ley que nos declare a todos donantes y que sólo permita eximirse por medio de un trámite especial es una exageración y un abuso de los derechos ciudadanos. Una ley así no tiene solidez ética y tampoco podría ser aplicada de manera equitativa, porque en Chile no existe la infrastructura necesaria para hacerlo. (Claro está que si éstas fueran condiciones para las leyes en Chile, nos quedaríamos con la pura ley de la selva).

Pero antes de subirse al púlpito de la indignación o legislar sobre cuerpos ajenos, los que lamentan la carencia de donantes en Chile deberían preguntarse qué razones hay para que esto ocurra. ¿Por qué este país, que puede ser tan teletonesco, tan fácilmente embolinado por despliegues de sentimentalismo colectivo, actúa con porfiada indiferencia frente a esta “escasez”?

Una posible respuesta es que detrás de la indiferencia se esconda una arraigada desconfianza frente a los mecanismos encargados de regular el intercambio de órganos y otras partes del cuerpo humano. A esto se agrega la intuición de que la desigualdad inherente en el sistema de salud del país no da las garantías necesarias para asegurar un trato justo para víctimas de accidentes u otros donantes potenciales. No es tan difícil hacer las deducciones necesarias cuando un grupo social tiene helicópteros, aviones presidenciales y espacio en los medios cuando tiene alguna emergencia médica, mientras que otros se mueren esperando que llegue la ambulancia.

También hay que considerar que la gente tiene conciencia del modo opaco en que se realizan las transacciones sociales y económicas en Chile. ¿Alguien se ha atrevido a averiguar bien en qué lista de espera para recibir un riñón estaba el ministro Pérez Yoma? No me imagino por qué se sorprenden de que la mayoría sea reacia a ponerse en manos de un sistema ineficiente, desigual y clasista, sobre todo en momentos en que ronda la muerte. El charqueo de cadáveres se practica en Chile desde hace mucho tiempo, como lo sabe cualquiera que haya descubierto que un ser querido recién muerto es devuelto sin córneas y sin ninguna explicación.

Por último, tal vez persiste en algún pliegue de la memoria colectiva la historia de los transplantes en Chile, en especial de los primeros transplantes de corazón, eventos mediáticos y truculentos muy celebrados en su tiempo. Cuando faltaba todavía más de una década para la aparición de la ciclosporina, la droga que permite controlar la reacción inmunológica de rechazo, los chilenos nos enorgullecíamos de los experimentos humanos que realizaban los cirujanos criollos. El país entero pareció creerse el cuento mediático del donante generoso y del recipiente milagrosamente recuperado, una especie de canibalismo amistoso y cívico, un canibalismo en nombre de la patria y el progreso de la república.

Como es de sospechar, los cobayos, tanto donantes como recipientes, eran gente indefensa frente a la máquina de la medicina nacional que les pasó por encima. Nos decían que María Elena Peñaloza engordaba porque se le había despertado el apetito luego de recibir el corazón de un joven porteño llamado Gabriel Véliz, cuando la verdad es que la joven costurera se hinchaba y se hinchaba de tanta cortisona que le metían para postergar su triste muerte, para extender la gloria de la medicina y para comprobar que nos acercábamos, ahora sí que sí, al bendito desarrollo.

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