Los lentes bifocales del presidente

La infalibilidad presidencial no está contemplada en la recauchada constitución que nos rige, aunque pareciera que el ejecutivo cree que su palabra como garante de la verdad sigue vigente. Pero por mucho que afirme lo contrario, al sacar de la cárcel a uno de los asesinos de Tucapel Jiménez, Lagos cometió un error de gran magnitud. Lo grave es que a pesar de ser una movida política bien meditada, ni siquiera se han dado explicaciones claras ni los fundamentos sustanciales de la decisión. Queda por determinar si Lagos ha actuado bajo presión o como producto de una convicción profunda; no me queda claro cuál de las dos alternativas sería peor.

Obligados a especular, precisamente porque nadie se ha dignado dar detalles, podríamos discernir dos escenarios que explican la decisión del presidente. El más evidente, para un observador de la realidad política chilena, sería un escenario en que el presidente cree necesario premiar o aplacar a los poderes fácticos, que siguen existiendo a pesar de todos los rumores sobre el fin de la transición. El ejército recibe así parte de su recompensa por el supuesto cambio de rumbo, principalmente por ese “nunca más” pronunciado por el gran operador político que lleva uniforme de comandante en jefe. Habría que mencionar de pasada la bulla que metió El Mercurio en titular principal de domingo sobre la supuesta laxitud en el régimen penitenciario de los presos lautaristas beneficiados con la salida dominical. El diario de Dunny Edwards golpea la mesa sobre temas penitenciarios justo cuando los sabuesos de la prensa derechista están cebados con el entorno presidencial, y uno no puede hacerse el ciego cuando a la semana siguiente el presidente indulta a un ex militar, precisamente el día antes del día del ejército. Este escenario corresponde a la teoría de que el ejecutivo ha respondido a presiones de larga data.

El segundo escenario sería aquél en que Lagos, al final de su mandato, se considera un líder que ya no vive en la coyuntura del resto de los mortales, sino que mira al horizonte y cabalga en los campos elíseos de la longue durée, la Historia con tremendas mayúsculas, la de los grandes ciclos. El gran líder, en este contexto visionario, es capaz de tomar decisiones conflictivas y de asumir las consecuencias, armado con la convicción de que hay que hacer lo necesario para que el país se fortalezca. Estas decisiones difíciles y costosas a corto plazo incluyen gestos de motu proprio que contribuyan a crear las condiciones para una reconciliación definitiva entre conciudadanos enemistados por la historia. En este escenario de la convicción, sin embargo, falta algo esencial: que ella interprete cabalmente la voluntad ciudadana, expresada en múltiples ocasiones. La ciudadanía no quiere olvido ni tampoco venganza, sino justicia, y ciertamente no quiere a una figura patriarcal que decida sin esforzarse en dar explicaciones públicas. A veces hay que recordar que Chile es una república y no un despotismo benévolo en que el presidente no le rinde cuentas sino a su conciencia y a la Historia.

La decisión de sacar de Punta Peuco al hombre que le hundió varias cuchilladas en el cuello a Tucapel Jiménez, después de que otro le disparara varios tiros en la cabeza, tiene que ser analizada en el escenario coyuntural, por mucho que esto incomode a La Moneda, que insiste en la mirada a largo plazo. Habría que tomar en cuenta entonces que Contreras Donaire sale en libertad al mismo tiempo que el Senado binominal aprueba la nominación de Rubén Ballesteros como integrante de la Corte Suprema. Este juez, como hizo notar la bancada parlamentaria del Partido Socialista, es conocido por buscar y encontrar todo resquicio legal que favorezca a ex militares torturadores y asesinos, además de su férrea oposición a desaforar a Pinochet, el único mago de la finanzas con limitaciones mentales en el mundo occidental. Ballesteros ha fallado a favor de Pinochet con lealtad absoluta, desde el caso Caravana de la Muerte hasta el caso Riggs, pasando por la falsificación de pasaportes, obstrucción a la justicia, y lavado de activos. Creer que un hombre como Ballesteros va a ser un juez imparcial en casos de derechos humanos es una ficción pueril. Su nominación es otra ofrenda a la derecha, pagadera a futuro con mayores injusticias, a costa de las víctimas y sus familiares.

En esta misma coyuntura se destaca otro perdonazo que resulta inexplicable a menos que se consideren factores políticos disfrazados de “visión-país”: la condonación de una parte sustancial de los intereses de la multa a los ejecutivos de Chispas, principal entre ellos José Yuraszek, gurú financiero y consejero de Lavín. ¿Acaso alguien consideró que esta gente no tiene plata para pagar todo lo que debe según dictamen judicial? ¿A nadie se le ha ocurrido que durante los largos años de tramitación de este caso estos angelitos pudieran haber metido plata en bancos suizos o paraísos financieros como los que usó Pinochet para esconder y multiplicar su botín? El ejecutivo aclaró que el perdonazo no incluye la multa sino sólo los intereses, pero alguien en palacio debería darse cuenta de que la gran mayoría de los chilenos que bregan todos los días por pagar su hipoteca, su tarjeta de crédito, las cuotas de esto y lo otro, no cuentan con un lobby que los vaya a proteger en caso de atrasarse un par de meses. ¿Cuál es el costo del perdonazo a los timadores de Chispas, en comparación con un posible alivio a la situación de los deudores de la plebe, por ejemplo? (A propósito, los querellantes de Eurolatina saben de qué lado se va a poner un juez como Ballesteros en este tipo de casos) ¿Dónde encontrar el “bien del país” en este caso que terminó siendo ejemplar por las razones equivocadas?

Lagos ha hablado de manera grandilocuente sobre “el bien del país” como explicación de la salida de prisión de un hombre como Contreras Donaire. Por su parte, el vocero de gobierno ha declarado que la decisión fue hecha en aras de la reconciliación. Uno podría inferir de esto que este beneficiado, de los muchos que solicitan el indulto, se ha ganado de alguna manera el indulto presidencial, el cual no debería ser fácil de conseguir. Sería bueno saber por ejemplo si cooperó con la justicia para esclarecer el crimen de don Tucapel. El hijo del líder sindical asesinado ha indicado esto no es así, y que el criminal no ha mostrado tampoco ningún remordimiento por lo que hizo.

Desgraciadamente, no se puede hacer otra cosa que especular acerca de las razones, porque ni al presidente ni al vocero les ha parecido necesario explicitarlas. Una transparencia total acerca de las razones de este indulto sería mucho más beneficiosa para el país que estos gestos que quedarán como una capitulación más hacia el poder político y económico de la derecha, no como un gran momento de la historia republicana.

Visto desde la coyuntura, como parte de un paquete de “gestos” a la derecha, lo que ha pasado con el asesino de uno de los líderes más valientes y consecuentes de nuestra historia es simplemente una vergüenza. Y lo seguirá siendo, que no se engañe el presidente Lagos, cuando se escriba la gran historia de estos días. Se dirá tal vez que pudiendo haber hecho justicia y sentar un precedente inequívoco sobre el respeto a los derechos humanos, como había prometido en tantas ocasiones, este gobierno escogió con frecuencia exasperante el camino de la capitulación. Se dirá también que lo hizo a cambio de migajas y a expensas de los más desprotegidos, de las víctimas y las familias de las víctimas, quienes cifraron alguna vez en él las esperanzas de un país igualitario. Porque esto también tiene que ver con la igualdad ¿Habría indultado Lagos a uno de los asesinos de Frei Montalva si esa investigación hubiera llegado a esclarecer quién causó su muerte, o a uno de los asesinos de Jaime Guzmán? Pero Tucapel no fue sino un dirigente sindical, un trabajador que dio la vida por la democracia y que dejó una familia orgullosa de su nombre pero sin influencias económicas ni políticas.

Mientras tanto, en su mansión de La Dehesa, un criminal estafador sigue sin castigo, fingiendo las mismas razones de salud que liberaron a Contreras Donaire, las mismas que el ahora supremo Ballesteros ha invocado una y otra vez para simular que ejerce el derecho al exculpar a Pinochet.

Todavía le quedan algunos meses de mandato al presidente Lagos. A lo mejor no es demasiado tarde para deshacer el daño que causan decisiones miopes como éstas. Alguien debería decirle que los bifocales que está usando no le sirven, aunque se enoje, y que si se enceguece en lo inmediato tampoco verá bien lo que está en el horizonte. Por otra parte, si sigue tolerando sin mayor revuelo perdonazos como éstos, la izquierda concertacionista corre el riesgo de defraudar una vez más a quienes en algún momento creímos que la Concertación iba a ponerle fin al grado vergonzoso de impunidad que marca la historia de Chile.

Filadelfia, 20 de agosto 2005

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